Al ejercer su defensa materia en la audiencia de solicitud de medida de coerción, Almánzar reiteró que no era necesario enviar al Congreso Nacional los contratos de compra y venta.
“Cuando oigo que hablan de esa declaración de utilidad pública de la que ellos hablan... yo me enteré de ese decreto, desconocido totalmente, y si ustedes van a la página del Poder Ejecutivo no lo van a encontrar. Me enteré porque Gedeón Santos, el abogado del Estado, me lo entregó en una citación que me hicieron a mediados del año pasado, ahí es que me entero de la existencia de ese decreto”, expresó el exdirector de CORDE.
De igual modo, consideró que dicho decreto también era desconocido por Antonio Isa Conde, exdirector de Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) al momento de transferir activos del Estado a CORDE.
El juez José Alejandro Vargas le preguntó tanto a Leoncio Almánzar como al exconsltor jurídico de Corde, Irvin José Cruz Crespo, si no consideraban que la venda de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155 debió ser aprobada por el Congreso Nacional.
Ambos exfuncionarios respondieron que no. Explicaron que desde la creación de dicha entidad nunca se ha enviado al Congreso los actos de venta de activos de la misma. Para ilustrar al tribunal de su respuesta, el exdirector de CORDE leyó un certificado expedido por el Senado de la República en la que nunca le han sido remitidos actos de venta de la referida entidad.
De igual modo, hicieron referencia a transferencias de terrenos a otras instituciones del Estado y que no fueron enviadas al Congreso.
Artículo de HOGLA ENECIA Publicado en Diariolibre.com
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