La presidenta del tribunal, Miriam Germán Brito, anunció que luego de varias reuniones los cuatro jueces que conocieron el caso no pudieron ponerse de acuerdo para emitir una decisión con respecto a si anulaban o acogían la impugnación a la decisión del juez de la Instrucción Especial, Alejandro Moscoso Segarra.
La magistrada anunció que dado el impasse originado entre ella y sus compañeros Frank Soto Sánchez, Esther Agelán Casasnovas y Juan Hirohito Reyes, fue convocada una audiencia para el 22 de septiembre próximo, durante la cual se conocerá nuevamente el recurso de apelación
Manifestó que el presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, deberá decidir cuál es el otro juez que integrará un quórum de cinco para ventilar el controversial expediente.
Expuso que una serie de disposiciones contempladas en el Código Procesal Penal, entre ellas que las decisiones de adoptan por mayoría de votos, y que los jueces pueden fundar separadamente sus posiciones.
“Hay otra disposición que dice que en caso de empate, el voto del presidente decide, pero ese no es el caso para esta sala, ese caso se refiere cuando es el Pleno de la Suprema Corte”, subrayó.
Planteó que luego de muchas deliberaciones, se llegó a una situación de dos posiciones encontradas.
“Se trató, respetándonos unos a los otros, de llegar a un tipo de mayoría, pero no fue posible”.
Germán Brito dijo que el empate en el proceso subsistió. “Por lo tanto, la única posibilidad que hay es anular la instrucción y fijar de nuevo”, recalcó.
La magistrada anunció la instrucción del recurso de apelación por no haber sido posible obtener una mayoría y fijó la próxima audiencia para el 22 de septiembre, a las 9:00 a.m.
Indicó el juez tiene derecho a ser afín a la idea política y social que mejor le plazca. “Lo que no tiene derecho es a juzgar a las personas con parámetros diferentes, si piensa o no como él, así como el que pierde tampoco tiene derecho a buscar la carga en la reputación del juez”.
Habla el Procurador
El Procurador Francisco Domínguez Brito afirmó que confía habrá un alto en el camino contra la impunidad.
Asegura que la postura de dos de los jueces de la SCJ confirma que la labor procesal llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa está amparada en el Estado de Derecho, el apego a las normas procesales y constitucionales, que se derivan de una instrumentación del proceso, con fortaleza y contundente presupuesto probatorio contra Bautista y sus seis más estrechos colaboradores.
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